Tras amenazas y ultimátums, los dirigentes gremiales se reunieron con el ministro del Interior, Víctor Pérez, consiguiendo -según afirman- la aceptación completa de un pliego de 10 puntos. Esto incluye un proyecto de ley que eleva las penas contra quienes atenten contra los transportistas, modificando la ley Antiterrorista, la que prácticamente ha sido empleada solo contra los indígenas.
Nosotros le hemos dicho al señor ministro que basta ya de quema de camiones. Una quema más de un camión y los camioneros vamos a reaccionar”. Con estas palabras este lunes 10 de agosto José Villagrán, presidente de la Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), profirió una amenaza más, luego reunirse con el ministro del Interior, Víctor Pérez en La Moneda y entregarle un petitorio con diez demandas (ver documentación adjunta).
En un punto de prensa, Villagrán explicó que “vamos a estar en estado de alerta observando lo que el ministro Pérez hará dentro de la semana”. Según advirtieron los dirigentes gremiales, van a escalar en las movilizaciones si es que no se acogen los temas de seguridad que reclaman. “Nosotros lamentablemente vamos a tener que informar a nuestras bases y las bases van a determinar seguramente paro nacional”.
A su vez, dentro del petitorio, solicitaron que se «modernice» la actual Ley Antiterrorista, la cual ha sido aplicada principalmente a mapuche. Normativa que en 2010 y 2011 provocó extensas huelgas de hambre de comuneros quienes denunciaban la implementación de esta ley, y los dobles enjuiciamientos a los que eran sometidos.
Los camioneros también exigen que se les otorgue apoyo a las víctimas de ataques incendiarios y la entrega de créditos blandos a través de Banco Estado para quienes necesiten reponer sus máquinas, en medio del clima de violencia y racismo que se ha vivido en los últimos días en la Región de La Araucanía.
A diferencia de los presos políticos mapuche que ya suman tres meses en huelga de hambre en forma de protesta solicitando la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el gobierno recibió rápidamente al gremio de los camioneros en el mismo edificio de La Moneda, en cuanto estos empezaron a subir el tono de sus amenazas.
“No creemos en los ultimátums, no creemos en las amenazas. Por lo tanto, seguimos garantizando que el gobierno va realizar todos los esfuerzos necesarios para restablecer el orden y que las personas puedan realizar sus trabajos de forma normal en la Ruta 5”, señaló el ministro Pérez. “Decir ‘un camión más y vamos a paro’ es prácticamente incentivar a que se queme un nuevo camión. Creemos que ese no es el camino y seguir que esa apreciación no resuelve los problemas, sino que puede agravarlo”, agregó el secretario de Estado.
Pese a las palabras de buena crianza, los camioneros lograron presionar al gobierno y el mismo Pérez afirmó que Sebastián Piñera en los próximos días enviará al Congreso la ley Juan Barrios, la cual establecería mayores sanciones por quemas y atentados a camiones, recordando al conductor fallecido en marzo de este año, quien habría sido víctima de un atentado incendiario en Victoria.
Pacificar La Araucanía
El antecedente del endurecimiento en la postura del gremio camionero llegó el viernes pasado con la declaración de distintos sindicatos reunidos en la Multigremial Nacional, donde exigieron a todos los poderes del Estado “en el menor plazo” recuperar la paz social y “hacer prevalecer el imperio de la ley en todo el territorio nacional. De lo contrario, nos declaramos en libertad para tomar otro tipo de acciones”.
En el texto se advertía, entre otros puntos, que “llamaremos a rechazar a todo y todos quienes promuevan o callen ante la violencia. Lo haremos en todo el país, pues no aceptaremos el cinismo de los que han callado ante brutales acciones de violencia”. El comunicado también afirma que “los gremios, emprendedores y trabajadores somos abrumadoramente más que los terroristas y violentistas que hoy destruyen, amedrentan, saquean, queman, asesinan, trafican drogas y matonean. El silencio temeroso de las mayorías alimenta a los violentos. Por eso, hemos decidido dejar de ser una gran mayoría silenciosa“.
Fue así como ayer, paralelamente a la reunión con Pérez, un grupo de camioneros se manifestaba en la Ruta 5 Sur, a unos 10 kilómetros al norte de la ciudad de Temuco, lo mismo ocurría en Concepción, Valdivia, Puerto Montt y Calbuco, pidiendo paz en La Araucanía.
Cabe señalar que esa es la misma consigna que utiliza la Asociación para la Paz y la Reconciliación, APRA Araucanía -liderada por Francisco Alanis Porcella, el poderoso ‘ex suegro’ que protege a Martín Pradenas- y que este lunes realizó más de 50 publicaciones en su cuenta de Twitter respecto a las manifestaciones de los camioneros en distintos lugares, así como fotografías de supuestos atentados. La organización ha insistido en señalar que en la región hay terrorismo al igual que José Villagrán, presidente de Fedesur.
APRA fue la principal organización sindicada detrás de las turbas de ciudadanos y protegidas por Carabineros que atacaron los municipios en toma -en apoyo a la huelga del hambre- debido a la filtración del audio Gloria Naveillán, vocera de la Asociación Gremial de Productores Agrícolas de Victoria-Malleco y cercana a APRA, en la que llamaba a “ir con palos para recuperar la muni”. Todo ello, a los pocos días de que asumiera Víctor Pérez, quien en su primera visita a La Araucanía, negó la existencia de presos políticos mapuche.
Tras el ataque racista, Ciper accedió a un informe reservado de Carabineros sobre los grupos de autodefensa de agricultores en la zona mapuche elaborado en 2015 por la Dirección de Inteligencia. El reportaje constata que la preocupación de la institución es que “la articulación inicial pueda evolucionar hacia un grupo de naturaleza paramilitar”. Asimismo, alertó sobre “una eventual escalada de violencia que podía producirse si los dueños de fundos comenzaban a defenderse de las acciones de organizaciones mapuche que reclaman la restitución de esos predios”. El documento identificó a 35 personas, una de ellas, es Gloria Naveillán.
Luego de los violentos y racistas intentos de desalojo de las municipalidades tomadas por mapuche el sábado 1 de agosto, el empresario Andrónico Luksic afirmó que “los ciudadanos han tomado en sus manos la necesidad de reponer orden ante desborde de violencia e incapacidad de autoridad local en Araucanía”, mientras que Juan Pablo Swett, manifestó en su cuenta de Twitter que “Lo de Curacautín, Traiguén, Ercilla y Victoria: Es la constatación de un Estado inexistente, una Región sin ley ni orden, donde la sociedad civil se hace cargo de su seguridad y expone sus vidas para trabajar y vivir en paz. Nada de que alegrarse”.
El propio Swett, quien preside la Multigremial que hizo la declaración el viernes pasado, tuiteó durante la noche del domingo un video recordando la movilización de camioneros de 2015 que también llegó hasta La Moneda con la consigna Paz en La Araucanía.
Fuente: Interferencia.cl
