Por Ricardo Herrera Rocuant para Capucha Informativa
Una vez más, el presidente Sebastián Piñera ha generado sorpresa y desconcierto con una de sus intervenciones, cuando el pasado 22 de junio, repentinamente utilizó un punto de prensa para fustigar al Congreso y anunció que utilizará “…todos los instrumentos que la propia Constitución me otorga para hacer cumplir la Constitución y las leyes. En los próximos días, convocaré a un grupo de exparlamentarios, académicos y expertos para proponer perfeccionamientos a los criterios y procedimientos con que el Congreso Nacional determina la admisibilidad o inadmisibilidad de las mociones y proyectos de ley que debe considerar, de forma de evitar que progresen mociones que no están de acuerdo con nuestra Constitución” (1).
Lejos de ser un exabrupto, estas palabras del Mandatario son más bien una demostración de su inestable carácter, así como consecuencia de sus repentinos cambios de ánimo, en los cuales expresa su pensamiento más íntimo, especialmente en momentos de tensión, cuando las circunstancias le son adversas y no se ajustan a sus intereses y propósitos. Ya lo había hecho antes, como el 21 octubre de 2019, cuando Piñera declaró que el régimen estaba “en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie” y, además de establecer el toque de queda y militarizar el país, dio carta blanca a Carabineros y a las Fuerzas Armadas para desatar una indiscriminada y brutal represión, cuyos resultados ya conocemos: decenas de muertos, miles de detenidos ilegalmente, abusos sexuales, violaciones, torturas y desapariciones forzadas.
Las golpizas y las mutilaciones oculares, junto a todo tipo de abusos policiales se sucedieron durante semanas y meses, mientras Piñera mantenía imperturbable su incondicional respaldo al accionar criminal de Carabineros. De nada sirvieron las denuncias del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y demás organismos nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, que junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciaron con alarma, las graves vulneraciones de los derechos humanos en nuestro país. Lejos de detenerse en su deriva represiva, autoritaria y antidemocrática, el Mandatario procedió a utilizar todos los medios disponibles para sacar adelante una legislación que criminaliza severamente a quienes protestan, estableciendo duras penas a través de la denominada “ley anti-barricadas”, entre otras, para lo cual contó con la complicidad de un sector de la oposición que, cobarde y dócilmente se plegó a sus designios autoritarios.
De esta manera, resulta hasta cierto punto extraño que el anuncio realizado hace unos días por el Mandatario haya provocado desconcierto y sorpresa, tanto en personeros de la oposición como de su propio sector político, dado que no es un proceder en absoluto ajeno a su personalidad. Una vez que se hizo evidente e inocultable el descomunal fracaso de la estrategia que el régimen impuso a través del exministro, Jaime Mañalich, para enfrentar la pandemia del coronavirus -con la anuencia y aprobación de Piñera- quedó claro para el gobernante que necesitaba -por una parte- deshacerse prontamente de Mañalich y, por otro lado, vio que se alejaba toda posibilidad de obtener el rédito político que esperaba le reportase el supuestamente exitoso manejo de la pandemia. Al mismo tiempo, Piñera ha visto con inquietud que la desaprobación de su gestión aumentaba, junto con la reaparición de manifestaciones, como las protestas del hambre, que incluso han desafiado el toque de queda.
La interminable sucesión de errores de Mañalich, el ocultamiento de datos y las desafortunadas declaraciones, nunca fueron un problema para Piñera mientras la gestión de este le fue útil y le permitió remontar su baja aprobación en las encuestas y recuperar el control del orden público, a través de la neutralización de las movilizaciones sociales. Sin embargo, de pronto la estrategia para enfrentar el Covid-19 se había desplomado como un castillo de naipes, justamente, cuando Piñera más necesitaba recuperar el apoyo popular, a fin de evitar el regreso de las movilizaciones sociales con miras al plebiscito de octubre.
De pronto, el panorama para los meses venideros se ha tornado incierto para el Mandatario, precisamente cuando se siente llamado a demostrar su fortaleza y liderazgo político, a fin de evitar un descalabro de proporciones en el plebiscito constitucional acordado inicialmente para el pasado 26 de abril y que deberá realizarse el próximo 25 de octubre. Piñera bien sabe que, tanto para sus propios intereses como para los herederos de Pinochet y los nostálgicos de Jaime Guzmán, es de vital importancia obtener -al menos- un tercio de los representantes a la convención constitucional, para poder tener derecho a veto ante cualquier iniciativa.
En este adverso contexto, Piñera astutamente decidió entrampar a la oposición con un llamado a un nuevo “gran acuerdo nacional”, que por una parte le permita ganar tiempo y que, adicionalmente, le ayude a compartir las graves responsabilidades que le caben personalmente en el erróneo y catastrófico manejo de la crisis sanitaria-económica relacionada con el coronavirus. Fiel a su trayectoria de hábil e inescrupuloso especulador financiero, que se ha movido con demasiada frecuencia en el filo de lo que es legal, no ha dudado en regatear la asistencia económica imprescindible y vital para millones de chilenas y chilenos -que no tienen una fuente de ingresos estable, viven de la economía informal o tienen trabajos precarios- para posibilitar que puedan cumplir, efectivamente, con las cuarentenas decretadas por la autoridad.
La prolongación de las cuarentenas no es un problema para Piñera, mientras la economía no colapse: por el contrario, el aislamiento social y el temor a los contagios y a la muerte, resulta útil a su estrategia de desmovilización social. Todo parece ser válido a fin de preservar el actual sistema económico y social que hemos heredado de la dictadura y bajo el cual Piñera, su familia y sus amigos, se han convertido en multimillonarios.
La forma en que Piñera emplazó a la oposición, ha puesto de manifiesto su verdadero talante autoritario y carente de sentido republicano, al mismo tiempo que revela una concepción antidemocrática cuasi medieval en lo que se refiere a las funciones del Parlamento, como institución subordinada al poder del monarca. Lo expresado por Piñera adquiere mayor relevancia aún, si se tiene en consideración que nuestro sistema político posee un presidencialismo extremo que, como señala Manuel Antonio Garretón (2) su contrapeso no proviene ni de la soberanía popular ni del Parlamento, sino que reside en los poderes exacerbados que detentan determinadas instituciones como el Tribunal Constitucional, el Banco Central, las Fuerzas Armadas o Carabineros, contrapeso que hoy en día solo es nominal y ficticio, puesto que esas instituciones se identifican, comparten y defienden los mismos intereses y objetivos que la derecha pinochetista.
Independientemente de las formas, el anuncio del pasado 22 de junio no sería, entonces, un exabrupto del Mandatario, sino un intento por enervar los avances de las conversaciones con la oposición, con el objeto de dilatar la conclusión de cualquier acuerdo. Desde luego, toda dilación en responder a las necesidades urgentes de la ciudadanía en cuarentena, desmovilizada y ajena a las demandas de una nueva constitución, es funcional a los intereses del régimen, más aún si la crisis se prolonga intencionadamente, ya sea con el fin de forzar a una nueva postergación del plebiscito, o bien, para desconocer derechamente lo acordado en la madrugada del viernes 15 de noviembre de 2019, como ya lo han manifestado expresamente algunos personeros de Chile Vamos e intentar imponer un mecanismo de reforma constitucional, negociado entre cuatro paredes por la misma clase política que se ha mantenido en el poder por más de 30 años y así impedir, una vez más, la participación libre y soberana del Poder Constituyente Originario, que es el pueblo de Chile.
(1) “La Tercera”, 22 de junio de 2020, “Piñera anuncia que convocará a grupo de exparlamentarios, académicos y expertos para perfeccionar criterios que determinan admisibilidad de proyectos en el Congreso”
(2) Manuel Antonio Garretón, “La cuestión del régimen de gobierno en el Chile de hoy”, publicado en “Tipos de residencialismos y Colaliciones Políticas en América Latina” pág. 192, Colección Grupos de Trabajo de CLACSO, “Partidos políticos y sistemas electorales”, Jorge Lanzaro coordinador.
Ricardo Herrera Rocuant, Licenciado en Derecho y en Filosofía por la PUC, desempeñó funciones diplomáticas por más de 40 años en Argentina, Colombia, Egipto, España, Noruega, Venezuela, entre otras, y trabajó en las Direcciones de Asuntos Jurídicos Internacionales, de Política Especial, de Asuntos Multilaterales, de Asia-Pacífico y de Política Consular y de Servicios Consulares de la Cancillería. Participó, además, en la Segunda Conferencia de Derecho Internacional Privado (CIDIP-II) de la Organización de Estados Americanos, (Montevideo, 1979) y se desempeñó en la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia, así como varias importantes funciones.
