Esta medida apurada por el gobierno de Piñera ha desatado una serie de críticas por parte de la oposición. Este miércoles, luego de que la Cámara despachara a ley el proyecto, fueron las y los diputados de izquierda quienes manifestaron su rechazo a esta iniciativa que, en sus palabras, solo serviría para criminalizar a las personas más vulnerables y responsabilizar nuevamente a la ciudadanía por la falta de control de la pandemia.

Este miércoles la sala de la Cámara de Diputados ratificó los cambios del Senado y despachó a ley el proyecto que endurece las penas para quienes infrinjan las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno, en el marco de la pandemia del COVID-19.

Esta iniciativa, impulsada y apresurada por el Ejecutivo, planteaba que gente que viole las cuarentenas, por ejemplo, o que organice eventos y reuniones masivas, deberá cumplir una condena de presidio menor en su grado mínimo a medio (entre 61 días y 3 años y un día), y también podrá ser castigada con multas desde las 6 hasta las 200 UTM ( de $300 mil hasta $10 millones).

Sin embargo, fue el ministro de Defensa, Alberto Espina, quien confirmó este miércoles que, finalmente, estas sanciones contemplarán hasta cinco años de cárcel.“No puede haber contemplación con quienes están poniendo en riesgo la vida de nuestros compatriotas”, declaró el secretario de Estado.

Esta medida patrocinada por el oficialismo ha traído una serie de críticas por parte de la oposición, y este miércoles, particularmente, de las diputadas y diputados de izquierda, quienes manifestaron tanto en la sesión como luego a través de sus redes sociales, su rechazo a este proyecto que, en sus palabras, criminalizaría a las personas más vulnerables.

Incluso, el diputado del PS Marcos Ilabaca, acusó que la norma tiene vicios de constitucionalidad en Derecho Penal estricto, y que debido a esto presentará una reserva de constitucionalidad por la iniciativa. “No es posible establecer una figura penal ‘infralegal’. Requiere la misma norma ser clara y precisa respecto a la figura penal que se va a establecer”, sostuvo el parlamentario.

Por su parte, la diputada comunista Carmen Hertz, denunció que esto solo contribuía a “desviar la atención de los efectos de la negligencia temeraria de un gobierno que prefirió sacrificar la salud y la vida de los ciudadanos del país para salvar la economía, fracasando en ambos objetivos”.

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Fuente: El Desconcierto

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