Mientras en hospitales como el San Juan de Dios las camas críticas han aumentado de 20 a 60 y se siguen buscando espacios para nuevas unidades, hay clínicas como Avansalud que solo han sumado una. Frente al galopante avance de la pandemia en la Región Metropolitana, el Minsal informó que obligará a los centros privados a duplicar estas camas. En medio de la crisis, la Clínica Las Condes confirmó que repartirá utilidades por $1.565 millones. El jefe de la unidad del Minsal que monitorea la disponibilidad de camas críticas y la distribución de los pacientes entre instituciones públicas y privadas es accionista de Clínica Las Condes, pero el Minsal descarta que exista un conflicto de interés.
Las camas críticas disponibles en la red de salud se han más que duplicado desde el inicio de la pandemia. Según los registros de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), al 2 de abril el total de camas críticas en todo el país llegaba a 726 y el 19 de mayo esa cifra había crecido hasta las 1.924.
Son las camas fundamentales que ante la emergencia sanitaria sirven para salvar vidas. Allí llegan los pacientes más críticos contagiados por el coronavirus, aquellos que requieren que los ayuden a respirar con ventiladores mecánicos. En el sector público la habilitación de camas, y la utilización de estas, ha sido un constante corre que te pillo desde que el contagio se disparó en el Gran Santiago a inicios de mayo y aumentó el número de pacientes que requieren hospitalización.
Hoy la situación en la Región Metropolitana es prácticamente de colapso. Según el reporte diario de la Sochimi, al martes 19 de mayo el 94% de las camas críticas estaban ocupadas, y solo había 60 disponibles. Incluso, hay 108 pacientes que están siendo ventilados en espacios improvisados, como unidades de urgencia, pabellones quirúrgicos y unidades pediátricas.
Las escenas de ambulancias en espera y pacientes que aguardan durante horas han sido dramáticas en hospitales como el San José (en Independencia) y El Pino (San Bernardo). El sistema requiere con urgencia que se habiliten más camas críticas y desde el sector público reclaman que los esfuerzos que han hecho allí para incrementarlas no es el mismo que han desplegado las clínicas privadas. El Ministerio de Salud (Minsal) tomó nota y el lunes 18 de mayo les puso un plazo: al 15 de junio deberán duplicar su capacidad de camas con ventilación mecánica invasiva. Si no lo hacen se expondrán a sanciones.
¿Por qué el Minsal tuvo que salir a exigir que se aumentara la capacidad de camas críticas de las clínicas? Porque hasta ahora ese aumento ha sido insuficiente en el sector privado.
Según la información que el ministerio entregó a CIPER este miércoles 20 hay clínicas que están muy lejos de las cifras que ahora se requieren. Por ejemplo, la Clínica Avansalud solo habilitó una nueva cama crítica, la Clínica Santa María creció de 27 a 35 y la Clínica Las Condes pasó de tener 32 camas, antes de la pandemia, a 40 al día de hoy.
Eso contrasta con los esfuerzos de la red pública. Solo por citar un ejemplo, el Hospital San Juan de Dios (que atiende pacientes del área poniente de la capital) triplicó su capacidad, pasando de 20 camas a las 60 actuales.
Mientras en la red pública los recursos escasean y los equipos médicos están trabajando al límite, en la Clínica Las Condes -que solo ha incrementado en ocho camas críticas su capacidad- se preparan para concretar otro tipo de operaciones. Un hecho esencial enviado por la clínica a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) da cuenta que el próximo 28 de mayo la clínica repartirá dividendos por $1.565 millones entre sus accionistas.
PRESIÓN A LAS CLÍNICAS
En este escenario de recursos al límite, un rol clave lo juega la Unidad de Gestión de Camas Críticas del Minsal. Allí se centraliza la información sobre la disponibilidad de camas de todos los centros asistenciales del país (hospitales y clínicas). Su trabajo ha sido clave para coordinar el traslado de pacientes de la Región Metropolitana a regiones aledañas y para contar con información en tiempo real sobre la capacidad que aún tiene el sistema de salud para recibir pacientes. A esa unidad las clínicas le reportan cuántas camas tienen disponibles, lo que permite saber en cuántas han aumentado desde que comenzó la pandemia.
Gracias a esa información, el Minsal detectó que las clínicas privadas, en general, no estaban haciendo el mismo esfuerzo que los hospitales.
CIPER consultó a varias clínicas privadas de la capital cuántas camas tenían al comienzo de la pandemia y cuántas tienen ahora. La única que contestó fue Red Salud UC, que muestra cifras acordes al esfuerzo que está pidiendo el Minsal: en su Hospital Clínico había 32 camas intensivas en marzo de este año, que ahora aumentaron a 77. Paralelamente, en la Clínica San Carlos de Apoquindo (dependiente de la misma red) doblaron su disponibilidad de 8 a 16.
El resto de las consultadas no respondieron nuestras preguntas: Integramédica no quiso referirse al tema, mientras la Clínica Las Condes y el holding Banmédica (que tiene las clínicas Dávila, Santa María, Vida Integra y Vespucio) señaló a CIPER que antes de entregar la información sobre las camas críticas que han sumado, debían informar al Minsal. Después de la publicación original de este reportaje (*), y a través de su página web, Banmédica informó que, desde el 1 de marzo, la Clínica Santa María ha aumentado de 13 a 42 camas críticas, la Clínica Dávila de 30 a 43 y la Clínica Vespucio de 7 a 18.
Las cifras entregadas por el holding no calzan con las que hasta este jueves 20 de agosto manejaba el Minsal, que indicaban que la Clínica Santa María tenía 27 camas antes del inicio de la pandemia y que hasta ahora solo las habían aumentado a 35.
La Clínica Las Condes solo indicó que este jueves 21 habilitará otras seis camas críticas, con lo que totalizaría 46 unidades.
Sobre el reparto de utilidades de la Clínica Las Condes, en ese recinto confirmaron la información.
La Asociación de Clínicas respondió algunas de las preguntas formuladas por CIPER. Se limitaron a señalar que han tenido una “permanente y fluida coordinación con la autoridad sanitaria” y que han “hecho relevantes esfuerzos para reconvertir sus camas UCI“. Según las cifras de la Asociación, entre el 8 de abril y el 18 de mayo, han aumentado de 496 a 692 sus camas críticas a nivel nacional, “lo que representa un aumento del 39,5%“. Eso sí, no entregaron las cifras solicitadas por CIPER sobre las nuevas camas críticas de las clínicas exclusivamente en la Región Metropolitana.
Tampoco respondieron otras consultas hechas por este medio, como las cifras de pacientes Covid-19 recibidos desde el sistema público, ni sobre si han existido situaciones de colapso en sus unidades de pacientes críticos -tal como ha ocurrido en los hospitales-, ni tampoco sobre la información que le entregaron a CIPER varios médicos de distintas clínicas y que apuntaba a que esos recintos no han informado al Minsal todos los ventiladores mecánicos que tienen disponibles.
Frente al escaso incremento de las camas críticas en los centros de salud privados, el lunes 18 de mayo el Minsal emitió dos resoluciones. La primera fijó plazos a las clínicas para aumentar de manera significativa su capacidad de camas críticas: al 24 de mayo deberán haber aumentado su capacidad en un 20% y al 15 de junio tendrán que haberla duplicado (vea aquí ese documento). La segunda resolución nombra a Luis Castillo Fuenzalida para coordinar esa tarea.
Luis Castillo fue subsecretario de Redes Asistenciales durante todo el primer gobierno de Sebastián Piñera y ejerció el mismo cargo entre agosto de 2018 y julio de 2019, cuando renunció luego de haber dicho que las personas iban temprano a los consultorios para “hacer vida social”. Aunque esa fue la gota que rebasó el vaso, el entonces subsecretario Castillo ya estaba fuertemente cuestionando por el rol que jugó en la trama que ocultó la autopsia secreta que se practicó al ex presidente Eduardo Frei Montalva durante la dictadura (vea el reportaje de Ciper “Las mentiras y ocultamientos que rodean la autopsia que se le hizo a Eduardo Frei Montalva”).
La tarea encomendada a Castillo -poner al sector privado a tono con el esfuerzo desplegado en el sector público- es clave para evitar que se materialice el principal temor de las autoridades: que el número de pacientes críticos supere la oferta de camas intensivas. Eso es lo que sucedió en países como Italia y España, aumentando dramáticamente el número de decesos debido a que los enfermos no encontraban cupo en los centros asistenciales.
Médicos del sector privado consultados por CIPER indicaron que una de las razones por las cuales las clínicas o han estado a la misma altura que los hospitales es la merma económica que implica para ella recibir a pacientes derivados del sector público. Esto por una resolución emitida por el Minsal a mediados de abril, que le fijó un precio máximo a la atención en clínicas privadas de pacientes Covid-19 que sean beneficiarios de Fonasa y que hayan sido derivados por la UGCC.
¿FUNCIONA LA UGCC?
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha dicho que la gestión de camas en el país se centralizó. En la teoría, esto significa que todos las camas -públicas y privadas- son administradas por el Minsal desde la UGCC, que mantiene una plataforma donde cada recinto de salud debe ingresar sus números de hospitalizados. Esto permitiría a la UGCC distribuir la presión y evitar el colapso de un hospital o del sistema en general, pues detecta dónde faltan camas y dónde hay disponibles, para operar en concordancia. Pero lo que se ha visto en hospitales como El Pino o San José -con su patio de ambulancias repleto de móviles a la espera de atención- demuestran que la fórmula no está funcionando.
CIPER hizo una ronda de consultas en diferentes hospitales y detectó que el mecanismo no siempre funciona. Y ahora que la ocupación de las camas críticas a nivel metropolitano supera el 90%, se ha hecho más evidente. Varias razones lo explican: la demora de los propios hospitales en ingresar a sus pacientes en la plataforma, el escaso nivel de autoridad que se asigna a la UGCC en los hospitales y, por último, la práctica instalada de médicos y enfermeras de gestionar ellos mismos los traslados con sus pares de hospitales y clínicas cercanas.
Esto último es lo que intentó hacer el director de la urgencia del Hospital El Pino (de la comuna de San Bernardo), el doctor Harz Castillo, el lunes 18 por la noche, cuando su hospital llegó al límite. Angustiado, le dijo a los medios de comunicación que tenía a pacientes graves esperando por atención en ambulancias y que había intentado gestionar el traslado, pero que los hospitales que había contactado tampoco tenían capacidad.
¿Por qué siguen llegando ambulancias a hospitales que ya están al tope si la UGCC debiese orientarlos hacia otros centros asistenciales? ¿Está preparada la UGCC para enfrentar la creciente demanda de camas y la presión que aumenta a diario en el sistema sanitario?
Un reporte del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) de la Universidad Católica, que abordó el funcionamiento de esta unidad, ofrece el siguiente análisis: “La UGCC busca optimizar el uso del recurso cama en la red pública en complementariedad con la red privada (…). La información utilizada para estas actividades es diaria y no actualizada con la rapidez que se requiere en un período de pandemia. Existe un ‘Sistema Informático’ de la UGCC, con el cual se manejan los requerimientos a nivel nacional. No conocemos la calidad de dicha información”.
El mismo documento recomienda que, para mejorar la coordinación entre los actores del sistema sanitario, se podría generar un software que recoja la información proveniente de hospitales y clínicas en tiempo real. Así, se podría poner a “disposición de los médicos de los hospitales, médicos reguladores y la UGCC, la situación de camas UCI, intermedias, básicas y cantidad de ventiladores” en cada centro de salud.
“Para efectos del SAMU (el servicio público de ambulancias de urgencia), se debiera evitar en lo posible traslados primarios seguidos de traslados secundarios. Es decir, es preferible que las ambulancias no lleven a los enfermos al establecimiento más cercano, sino que al que mejor permita la gestión de los enfermos, considerando su gravedad y las disponibilidades de camas u otros recursos”, agrega el informe del ISCI.
JEFE DE LA UGCC: ACCIONISTA DE CLÍNICA LAS CONDES
Hasta principios de este mes, la UGCC dependía de la Dirección de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA), que a su vez respondía a la subsecretaría del mismo nombre, comandada por Arturo Zúñiga.
Pero el aumento de contagios y su consiguiente impacto en el sistema sanitario produjo que esta tarea fuera cada vez más relevante y que requiriera comunicación directa con el titular del Minsal. Por eso, desde el 8 de mayo, la UGCC trabaja con el gabinete del ministro Mañalich y se nombró como encargado de la unidad al anestesiólogo proveniente de la Clínica Las Condes (CLC), Francisco Pizarro Iturriaga.
Además de trabajar en la CLC, el nuevo responsable de velar por la oferta y la demanda de camas, y de gestionar derivaciones para evitar el colapso de las UCI, es accionista de la misma clínica a través de dos sociedades que constituyó junto a su esposa: Sociedad de Inversiones Pizarro y Fuentes Limitada y Anestesia y Kinesiología Limitada.
Bajo esta condición, Pizarro será beneficiado por el reparto de utilidades que la CLC informó hace menos de un mes ante la Comisión de Mercado Financiero (CMF), y que se materializará el próximo 28 de mayo. Por separado, ambas sociedades tienen menos del 1% de la propiedad, y como no se especifica en cuántas acciones se traduce ese porcentaje, tampoco se puede conocer con exactitud cuánto dinero recibirá. Esta información no ha sido transparentada por el Minsal, a pesar de que la derivación de pacientes de hospitales a Clínica Las Condes implica transferir fondos públicos para costear ese servicio.
Además de trabajar y ser accionista de la CLC, Pizarro figura entre los socios de Servicios de Anestesiología Limitada, una sociedad que registró pagos desde esa misma clínica por $50.952.000 en 2019, según los estados financieros del centro de salud (vea ese documento aquí). Esta información se incluyó en el apartado “transacciones con empresas relacionadas”, pero no se ahondó en los motivos del pago, pues solo se consignó que dicha sociedad prestó “servicios de anestesiología”.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, conoce perfectamente el funcionamiento de la Clínica Las Condes. Fue su director médico entre 1995 y 2010. Hasta ese año el presidente Sebastián Piñera también fue accionista de la clínica y hasta 2009 fue uno de sus directores. En octubre de 2017 Mañalich retornó a la CLC como su gerente general.
Desde el Ministerio de Salud descartaron que exista un conflicto de interés por parte del jefe de la UGCC, Francisco Pizarro, porque señalaron que él es el encargado de la reestructuración y fortalecimiento de la unidad, y que no quien toma las decisiones del día a día. Para eso, señalaron a CIPER, existe un equipo de médicos y enfermeras que adopta medidas según disponibilidad de la red integrada.
La CLC informó a CIPER que el doctor Pizarro no es un profesional remunerado del centro y que trabaja allí ocasionalmente, cuando se le necesita antes de una operación. Además corroboró que el médico es accionista por doble vía de la institución, y agregó que esta condición también la cumplen otros 450 profesionales que trabajan en la clínica.
(*) Este reportaje fue actualizado el 21 de mayo a las 00:10 horas.
Fuente: Ciper