Con el argumento de una “oleada migratoria” post crisis sanitaria y en medio de las noticias sobre los campamentos frente a las embajadas con extranjeros que buscan retornar a sus países, el gobierno le puso discusión inmediata al Proyecto de Ley que regula la migración en Chile. La propuesta, que inicialmente fue presentada en 2013 por el mismo Sebastián Piñera, establece diversas condiciones y restricciones para quienes busquen ingresar al país. Según las organizaciones expertas en el tema, estas medidas vulnerarían derechos fundamentales de las personas.
Existe un consenso en todos los sectores políticos: Chile necesita de una nueva legislación para reemplazar el actual decreto de ley 1.094 que data de 1975. Sin embargo, las diferencias están en el enfoque y su debate se da en medio de la pandemia. Temas como la expulsión, la posibilidad de acceder a beneficios estatales, la regularización de las personas migrantes y las residencias legales, son solo algunos de los puntos que inquietan a las organizaciones migrantes.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a diciembre de 2019 había 1.492.522 personas extranjeras viviendo en el país, 242.157 más que en 2018. El aumento de la población migrante durante los últimos años llevó al gobierno a revivir el Proyecto de Ley presentado en 2013, que pretende regular la migración de forma “segura, ordenada y regular”. Hoy, los migrantes, son parte de población más afectada por la pandemia.
Varias de las organizaciones migrantes están concentrando sus esfuerzos para solidarizar e ir en ayuda de cientos de familias que han visto mermados sus ingresos, tienen conflictos con sus arrendatarios y son víctimas el aumento del racismo producto del virus Covid-19. Según cuenta Carolina Garzón, integrante de la Brigada Migrante Feminista, esta preocupación les ha impedido involucrarse en la discusión legislativa del Proyecto de Ley que, a su juicio, tiene un componente “punitivista”.
-La eventual aprobación de este Proyecto de Ley para nuestras organizaciones es la aprobación de ‘un genocidio civil’ porque que en plena crisis sanitaria impongan discutir un proyecto en el cual no podemos incidir, es tremendamente racista-, explica Garzón.
Si bien la tramitación del texto estaba detenido en el Congreso desde el año pasado, un informe elaborado por el Departamento de Extranjería y Migración en abril de este año alertó al Ministerio del Interior sobre un posible aumento del flujo migratorio, una vez que el país logre recuperarse de la crisis sanitaria. Fue el Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien en una entrevista a El Mercurio llamó al Congreso a agilizar la discusión sobre el Proyecto de Ley que ya es revisado en la comisión de Hacienda del Senado.
Días más tarde en una reunión entre los partidos de Chile Vamos sostenida en La Moneda, el diputado Mario Desbordes (RN) insistió en la urgencia de regularizar la migración en Chile. “No nos podemos dar el lujo nosotros, en plena crisis económica, de tener 500 mil quizás hasta un millón de personas llegando a Chile buscando mejores posibilidades cuando nosotros también lo estamos pasando mal”, comentó el parlamentario.
Para Juan Pablo Ramacciotti, director de Incidencias y Estudios del Servicio Jesuita Migrante, legislar un proyecto de esta envergadura en un contexto como este no es lo adecuado.
-No es negativo que se logre en el corto plazo tener una nueva ley de migración, lo que no puede pasar es que el contexto de pandemia influencie decisiones que afecten a la creación de una política pública de largo plazo que dure diez o veinte años y que tenga la flexibilidad necesaria para ir adaptándose a los distintos contextos-, comenta.
Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y quien participó de la discusión sobre la ley, cree que los argumentos esgrimidos por el gobierno para acelerar la discusión son “sólo estimaciones y supuestos porque no sabemos cómo va a quedar parado Chile después de la pandemia” y que existen una serie de restricciones en el proyecto que vulnerarían los derechos fundamentales de las personas.
-Cuando nosotros pedimos que el proyecto se viera en la comisión de Derechos Humanos hubo gran resistencia tanto del gobierno, de la derecha y parte de la oposición (…). Eso habla de que hay una mirada de desconfianza, de no querer que la ley tenga un marco de DDHH. Aquí lo que ha primado es el punto de vista de la seguridad interior del Estado y factores económicos-, espeta Latorre.
Este medio revisó el Proyecto de Ley que se encuentra actualmente en la comisión de Hacienda del Senado e identificó los siete puntos claves que despiertan preocupación en las organizaciones migrantes en Chile.
1.- Principio de no devolución: un portazo en la cara
Tal como fue aprobado en la comisión de Hacienda en el Senado, la ley establecería razones de exclusión para otorgar protección complementaria, principalmente a quienes hayan cometido delitos en el extranjero. Según establecen tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, dicha protección busca regularizar la permanencia de personas que no son refugiadas y cuyo retorno podría significar amenazas a su integridad física.
Además, el artículo 10 del Proyecto de Ley no regula el procedimiento y tampoco establece una autoridad responsable que verifique si corresponde otorgar esta protección, lo que podría llevar a la policía a decidir arbitrariamente si una persona entra o no al país, sin recurrir a instancias administrativas y judiciales.
Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante (MAM)- organización que ha planteado el debate sobre los puntos abordados en este reportaje- comenta que en el norte del país se viven este tipo de situaciones, dejando de lado la realidad en la que llegan los y las migrantes a la frontera, y exponiéndolos a situaciones de riesgo.
-Hay tendencia a nivel regional de ampliar este principio para garantizar los derechos de las personas. El que legalmente se omita el principio de no devolución lo que hace es vulnerar el bienestar de las personas migrantes y pasa porque el gobierno lo considera una amenaza al control migratorio. La migración no se puede controlar únicamente desde la frontera, esa es la política que aplica Estados Unidos y que ha significado millones de personas migrantes irregulares.
2.- Pagarán impuestos como todo ciudadano, pero quedarán fuera de los beneficios de seguridad social
El Proyecto de Ley ingresado por el gobierno establece, en el artículo 16, que deberán pasar como mínimo dos años desde que una persona obtiene la residencia legal en Chile para recibir beneficios de seguridad social, financiados exclusivamente por el Estado. Esto quiere decir que si una persona, por ejemplo, obtuvo su residencia en marzo de este año, en pleno desarrollo de la crisis sanitaria, quedaría excluida de recibir cualquier bono o ayuda estatal para enfrentar la pandemia por no cumplir con el tiempo de residencia establecido en la ley. Beneficios como el Subsidio Único Familiar o el Bono de Asistencia Escolar tampoco correrían para las personas migrantes.
Para Juan Pablo Ramaciotti este sería un requisito discriminatorio entre chilenos y extranjeros y, por otro lado, entre las mismas personas migrantes.
-No es correcto diferenciar entre un extranjero y otro por los meses de residencia, pues ambos pagarán impuestos y aportarán a la economía. Nosotros hemos planteado que se elimine el requisito de dos años y algo mínimo es que niños, niñas y adolescentes que tengan residencia en el país puedan acceder a becas y bonos educacionales sin esperar dos años-, comenta.
3.– Expulsión encubierta o ausencia del derecho a un debido proceso
Si bien en algunos países está permitido devolver a personas con antecedentes penales en la frontera, el Proyecto de Ley también permitiría que personas que no han cometido delitos sean expulsadas inmediatamente.
Por ejemplo, si una persona que ingresa como turista no abandona el país en el tiempo estipulado, pero lo hace de manera voluntaria días después de que se cumpla este plazo, podría volver a ingresar al país sin incumplir ninguna normativa. Pese a ello, la policía en un eventual control policial podría expulsarla sin informarle el motivo y sin posibilidad de apelar a la justicia.
4.- Más tiempo de detención, antes de la expulsión
Según indica el “Protocolo de actuación para expulsión de extranjeros infractores”, texto firmado en 2013 por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), la persona puede ser detenida por un periodo de 24 horas antes de ser expulsada del país. Hoy la ley ampliaría este plazo a cuarenta y ocho horas.
Por otro lado el Proyecto de Ley no cumple con los estándares sobre detenciones que establecen los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, entre ellos, que las personas migrantes estén separadas de quienes hayan cometido delitos.
En este punto Carolina Garzón considera que estas medidas continúan criminalizando a las personas migrantes, además de desconocer la realidad en la que viven: la mayoría no tiene redes familiares en el país a las que acudir si es que se efectúan este tipo de detenciones.
-Si ya en los controles de identidad no se respetan los derechos de los migrantes, imagínate ahora. Entonces extender las horas de detención agravan la situación y nos lleva a recordar casos como los de Joane Florvil. No se respetan derechos como, por ejemplo, tener intérpretes. Por otro lado, jamás se habla de qué estructuras, qué instituciones estarán ahí para otorgar resguardo a la población migrante-, explica.
5.- Ciudadanos de países vecinos no tendrían facilidades para acceder a residencia legal
Desde 2009 que Chile aplica el Acuerdo sobre Residencia para países que forman parte del Mercosur, a través de un oficio circular de la Subsecretaría del Interior. Si bien en un inicio este convenio regía para Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia, más tarde se extendió a otros países como Colombia, Ecuador y Perú. El actual Proyecto de Ley lo omite, impidiendo así que las personas de los diversos países firmantes del acuerdo puedan acceder a este tipo de residencia legal.
Según indicó recientemente en la comisión de Hacienda del Senado el doctor en Derecho Europeo e Inmigración, Diego Acosta, dar cumplimiento a este Acuerdo sobre Residencia facilitaría la regularización migratoria del 45% de la población migrante en Chile.
-El país debería comenzar a tener una mirada regional sobre la migración. Eso hace el acuerdo del Mercosur. La visa no es perfecta, pero sí entrega soluciones a este conflicto y dejarla fuera de la ley es profundizar las dificultades para regularizar la situación migrante en el país-, comenta Héctor Pujols, presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile.
6.- Flexibilizar la regularización v/s aumentar la irregularidad
En la Comisión de Derechos Humanos del Senado algunos parlamentarios buscaron establecer un sistema extraordinario que permitiera regularizar la situación migratoria de quienes se encuentren como indocumentados en el país. Apelaron al arraigo laboral y social que puedan tener muchos y muchas de ellas, pero finalmente el gobierno desestimó la medida a través de una indicación que será votada durante los próximos días en la Comisión de Hacienda.
-Lo que nosotros quisimos hacer fue favorecer la migración regular, generar facilidades a personas que están en situación irregular y que cumpliendo determinados requisitos, que no son tan complejos, puedan acceder a un estatus regular, fomentando también la inclusión social. Si hoy una ley migratoria es muy estricta lo que va a generar es mayor irregularidad-, dice el senador Juan Ignacio Latorre.
El contexto de pandemia hará más compleja la regularización, según advierten las organizaciones migrantes. Carolina Garzón comenta que, si ya los niveles de cesantía eran altos, el escenario se volverá más complejo post crisis sanitaria.
– Cuando uno solicita la visa te piden como mínimo seis cotizaciones en AFP. En este contexto de aumento de la cesantía, imagínate cómo están aumentando los niveles de irregularidad-, comenta.
Al mismo tiempo Carolina Garzón considera que la regularización en el Proyecto de Ley deja fuera la realidad de las mujeres migrantes.
-La mayoría de las mujeres que llegan a Chile son refugiadas y vienen huyendo, ahí hay que hacer otra lectura. Esa regularización es imprescindible. El tema de violencia de género es súper grave y crítico, y en el sistema no hay espacio para las mujeres migrantes. Esa violencia la vivimos en nuestro país de origen durante nuestro traslado y también en el país de destino. El refuerzo del sistema patriarcal exige que la migración sea mirada desde la reparación.
7.- De permiso de permanencia transitoria a residencia: una posibilidad nula
El Proyecto de Ley presentado por el gobierno prohibiría a las personas obtener la residencia legal si es que entraron al país con un permiso de permanencia transitoria o como turistas. Esto quiere decir que si un extranjero vino a Chile por viaje y durante su estadía se le presentó la oportunidad de quedarse por temas laborales no podría solicitar la residencia legal.
Según comenta Héctor Pujols, presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, esta medida obligaría a las personas extranjeras a retornar a sus países para solicitar una visa de trabajo en Chile.
– ¿Y qué trabajadores van a poder acceder un trabajo estando en otro país? Ingenieros, empresarios, pero la gran mayoría de trabajadores no podrá hacerlo porque es imposible conseguir un trabajo en un restaurante o en una construcción sin estar en Chile. Entonces, finalmente se va generando una masa de trabajadores irregulares y sin derechos: sin contrato, sin posibilidad de acceder a un arriendo y sin posibilidad de sindicalizarse. El objetivo de la ley es generar un sistema que excluya a miles de trabajadores, y que no frene la migración, si no más bien que la precarice-, comenta.
Para Pujols detrás de esta restricción hay un discurso encubierto que termina diciendo: “Es mejor que no vengan a Chile”.
-En la práctica van a llegar igual. Para todo aquello que sustenta la economía chilena necesitan de una mano de obra barata y tener trabajadores migrantes que no tienen documentos y estén dispuestos a trabajar en lo que sea, sin duda es un negocio redondo-, concluye.
Fuente: La voz de los que sobran
