Por Capucha Informativa
La querella en contra del presidente y el exministro de Salud, fue considerada admisible por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. Dicha denuncia fue realizada por la concejala de Conchalí, Grace Arcos, por denegación de auxilio, abandono de destino y cuasidelito de homicidio. Además de Piñera y Mañalich, también están involucrados la subsecretaria Paula Daza y el de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
La concejala apuntó la importancia de que se haya declarado admisible la querella diciendo que, “no sólo resuelve que en términos formales la querella está bien presentada, sino que desmiente el argumento falaz de la defensa del Presidente y el ex ministro en relación a un aprovechamiento político que tendrían estas iniciativas”.
También recalcó que “hemos recurrido a la justicia para que se establezcan las responsabilidades que puedan recaer sobre quienes han estado a cargo del manejo de la pandemia, que a nuestro entender han cometido graves errores que han sido parte del debate público y refutado por expertos, como la tardanza en el establecimiento de cuarentenas. Para nosotros es muy importante que se investigue y eso tendrá que determinarlo la justicia”.
La querella, según Arcos, contiene datos de 20 personas que fallecieron por culpa del Coronavirus. “Nos pusimos en contacto con sus familias, les explicamos respecto a la acción judicial y las hicimos parte de esta acción. En general hay muy buena aceptación, porque junto al dolor de perder a un familiar, hay un sentimiento de injusticia muy grande, de saber que no se hicieron todas las acciones posibles para poder salvarle la vida a su familiar”.
El documento destaca la ineficiencia por parte del Gobierno en el manejo de la pandemia y la falta de medidas concretas para evitar niveles altos de contagio en el país. “Se puede observar por parte de los querellados, todos autoridades de gobierno, una serie de acciones, omisiones y comportamientos erróneos inexcusables, que a nuestro criterio constituyen faltas graves a su función pública y que configuran figuras penales tipificadas por nuestro legislador”, dice el escrito de 40 páginas.
Esta acción judicial se suma a la de la concejala de Santiago, Irací Hassler y otra presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y la Federación Democrática de Profesionales de la Salud.
