El principal cambio que buscaba el gobierno con el veto tenía relación con la industria de telecomunicaciones, específicamente, con el plan de conectividad solidaria. Ahora deberá ser ratificado en el Senado.
Este jueves no sólo se votó la reforma para el retiro del 10% de fondos de la AFP, sino que también, el nefasto veto presidencial a la ley que impide el corte de servicios básicos durante la crisis sanitaria. Una medida que retrasó la promulgación de este proyecto en más de una semana.
Tras horas y horas de discusión, la Cámara de diputadas y diputados rechazó este veto instaurado por Sebastián Piñera por 109 votos en contra de la medida y 31 a favor.
Con esto, la iniciativa queda lista para su promulgación. En la instancia se aprobó la insistencia en el texto despachado por el Congreso, que debe ser ratificada por el Senado, donde necesitaría 2/3 de los votos.
El principal cambio que buscaba el gobierno con el veto tenía relación con la industria de telecomunicaciones, específicamente, con el plan de conectividad solidaria. Este consideraba duplicar las velocidades del plan solidario vigente -parte del acuerdo que rige desde marzo entre el gobierno y privados- y suspender el corte para los clientes que no pueden seguir pagando el servicio. Además, buscaba aumentar el espectro al 60% de la población más vulnerable.
Otro de los cambios es en la industria sanitaria. En el proyecto aprobado no se definió límite de m3 de agua potable. Sin embargo, el Ejecutivo proponía se proponía uno de 15 m3.
¿En qué consiste la ley?
De acuerdo al senado, este proyecto permite que «durante los 90 días siguientes a la publicación de la ley que prohíba el corte de servicios básicos durante la vigencia de las alertas sanitarias, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a los siguientes clientes«:
– Usuarios residenciales o domiciliarios.
– Hospitales y centros de salud.
– Cárceles y recintos penitenciarios.
– Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual.
– Hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores.
– Bomberos.
– Organizaciones sin fines de lucro.
– Microempresas.
