Muertes en “extrañas” circunstancias, denuncias por abuso sexual y violación de menores; niñas, niños y adolescentes corriendo por los techos, saltando vallas con tal de salir, ¿qué tiene todo esto en común? Una sola figura: el Sename.
Desde hace años que dejó de ser secreto que el Servicio Nacional de Menores (Sename), se ha convertido en el infierno en vida de miles de menores de edad a lo largo de todo Chile. Niñas, niños y adolescentes que han tenido que vivir a su corta edad, constantes situaciones que vulneran sus derechos, incluso desde antes que llegaran a estos hogares que se suponía iban a cuidarlos.
Uno de los casos más recientes que estremecieron a nuestro país, fue el de explotación sexual, ejercido por Evelyn Oñate, la exdirectora de un centro colaborador del Sename conocido como “Nido” ubicado en Hualpén. En este recinto, dos menores de 6 y 8 años fueron sometidos a prostitución infantil y obligados a tener prácticas sexuales con animales.
Este repudiado hecho dado a conocer los últimos días de abril pareció reactivar en los parlamentarios la sensación de urgencia para que se legisle por “un nuevo Sename”, pero por sobre todo, por una Ley General de Garantías de la Niñez. Sin embargo, este proceso no ha tenido más que obstáculos, principalmente ideológicos.
“La Ley General de Garantías de la Niñez lleva cinco años durmiendo en el Congreso, pero lleva 30 esperando ver la luz. Chile firmó la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez en el año 1990 y desde ahí que estamos en deuda con el compromiso de poder mejorar nuestra institucionalidad dedicada a la infancia, poniendo a los niños en el centro como sujetos de derecho y no como objetos de protección”, expresó la diputada Natalia Castillo (RD), quien conversó con El Mostrador Braga sobre esta temática, al igual que la defensora de la niñez, Patricia Muñoz.
Ley General de Garantías de la Niñez
Este proyecto da el marco general de la protección de los derechos de la niñez, poniendo el foco primero en la prevención, luego en poder detener aquellas vulneraciones de derechos que se puedan resolver por la vía administrativa, y finalmente, inserta el Servicio de Protección de la Niñez Especializada.
Desde la Defensoría de la Niñez, han entregado diversas opiniones a través de oficios para procurar fortalecer esta ley. Ya que les parece que es “imprescindible y necesaria”. Y es que Chile, es el único país de la región que no tiene una ley de este tipo, una que permita establecer el marco de acción para el cumplimiento efectivo del mandato que como país, tenemos desde el año 90: asegurar a los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, no sólo el trato, sino también el “respeto en su calidad de sujetos de derecho y por lo tanto, permitirles ejercer todos sus derechos de manera efectiva, con garantías explícitas que permitan, de esa manera, la ejecución de aquellas acciones, ya sea a nivel social o estatal para lograr concretar esos objetivos”, dijo la defensora.
Niñez, adolescencia y covid19
Lamentablemente la crisis sanitaria pareciera haber dejado en segundo plano esta discusión. Desafortunadamente, NNA han sido invisibles en una crisis que no solo es de salud, sino que también de derechos humanos.
El mensaje de la defensora Patricia Muñoz es para todos, pero particularmente para el Ejecutivo, a través de quienes lideran hoy día la situación de pandemia. “Ya lo hemos solicitado formalmente en la mesa social Covid, también en otras instancias, que NNA sean visibles y que, por tanto, de esa manera tengan la posibilidad de ser sujetos de medidas públicas que efectivamente atiendan y/o estén destinadas directamente a su bienestar y a su desarrollo psicosocial en términos adecuados”.
Misma postura comparte la diputada Castillo, a pesar de que ya han pasado dos semanas desde la última discusión, hoy más que nunca se hace urgente no dejar que se diluya y que el proyecto se siga aplazando, y de esta manera poder tener una ley que ponga el primer foco en la prevención de las vulneraciones de derechos, en poder atajar a tiempo aquellas que no han llegado aún a ser graves. Y que cuando estas vulneraciones graves se produzcan, “que el Estado llegue bien, llegue entregando servicios de calidad donde se le pueda asegurar a los niños que no van a seguir siendo maltratados, que el Estado va a poner todos los recursos necesarios para reparar el daño que se les ha causado”. Para que, de esta manera, una vez que salgan de algún programa del Estado, puedan tener las herramientas para poder desarrollar una vida feliz.
Fuente: El Mostrador
